Hoy, 13 de marzo, entra en vigor las obligaciones normativas aplicables según la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, conocida como la Ley de Informantes.
En los próximos meses, las compañías españolas deberán adoptar nuevas e importantes medidas en materia de compliance y lucha contra la corrupción, de cuyo cumplimiento se hace directamente responsable al órgano de administración.